En Argentina, este 24 de marzo evidencia 50 años de impunidad de empresarios agroindustriales y exdirectivos cómplices de la última dictadura cívico-militar de 1976: el primer juicio de lesa humanidad contra empresarios agroindustriales, con los exdirectivos de Ingenio La Fronterita en el banquillo, fue suspendido sin fecha de reprogramación.

Para la Agencia Tierra Viva, medio siglo después del terrorismo de Estado, el capítulo de la responsabilidad empresaria sigue prácticamente intacto. “La impunidad para quienes se beneficiaron del disciplinamiento represivo de la clase trabajadora continúa en pie”, señala la periodista Ailín Bullentini.

De acuerdo a los datos expuestos por la plataforma solo cinco directivos fueron condenados. Un directivo de la empresa La Veloz del Norte fue el primer condenado en 2016. Dos exdirectivos de Ford condenados en 2018; y dos exdirectivos de Acindar —la empresa acerera que tuvo al ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz en su directorio—, fueron absueltos en un escandaloso fallo en 2025.

Al resaltar como “punto de inflexión en el que las fuerzas militares y de seguridad, con el empuje y el compromiso del poder económico y de la Iglesia, aseguraron mediante terror y genocidio las manos de pocos alrededor del pescuezo de muchos”, el medio refirió además que el proceso de juzgamiento a los responsables de la dictadura lleva 23 años de continuidad ininterrumpida.

Sin embargo, en ese tiempo, unas 360 sentencias dejaron establecido que secuestros, torturas, abusos, homicidios, desapariciones, apropiaciones de niños y niñas y el saqueo de bienes fueron crímenes de lesa humanidad.

Solo han sido condenadas 1.246 personas, y la mayoría son integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. En este sentido, los cientos de juicios realizados desde 2003 revisaron principalmente responsabilidades militares y policiales.

“Si se piensa en las regiones del Noreste y Noroeste argentino, previo al golpe de Estado, hay dos líneas que amenazan fuertemente la construcción de poder de las gigantes agroindustriales: por un lado el movimiento obrero organizado y por otro la organización de pequeños productores y campesinos”, refirió la historiadora con décadas de experiencia en la investigación de la persecución a trabajadores y trabajadoras en procesos dictatoriales y el vínculo de las empresas en esa trama, Victoria Basualdo.

El 11 de marzo iba a ser la fecha para el juicio de Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, dos directivos del Grupo empresario José Minetti & Cía, gerenciador de La Fronterita, uno de los 16 ingenios que para 1975 seguían en pie en Tucumán.

Comenzarían a ser juzgados por un tribunal federal acusados de ser cómplices en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios contra trabajadores y sus familias. La familia Minetti, fundadora del ingenio en 1923, cedió, en 1975, instalaciones en su predio para montar una base militar, que funcionó como centro clandestino.

El caso fue uno de los 25 analizados en una investigación exhaustiva y pionera sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en 2015 que desarrolló el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Dicho estudio determinó que el 76 por ciento de las empresas entregó información de trabajadores; el 72 por ciento tuvo presencia militar en sus instalaciones, el 60 por ciento registró infiltración o inteligencia interna y el 48 por ciento cedió instalaciones o financió la represión. Asimismo el 24 por ciento tuvo centros clandestinos en sus predios.

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